El Tribunal Superior Electoral brasileño impuso una multa de 7,5 millones de reales (unos 1,34 millones de dólares) a la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp. La sanción se originó en una denuncia de la campaña de Lula, que acusó a la compañía de restringir contenidos favorables al presidente y beneficiar la visibilidad de Flávio Bolsonaro.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil condenó por unanimidad a Meta a pagar una multa de 7,5 millones de reales por incumplir órdenes judiciales durante la campaña presidencial de octubre. La resolución, adoptada el 10 de noviembre, cuestionó las respuestas incompletas y fuera de plazo que la compañía presentó ante los requerimientos de la Justicia Electoral.
La investigación comenzó luego de una denuncia de la coalición que respaldó la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. El equipo jurídico del mandatario acusó a Meta de aplicar criterios desiguales en sus plataformas, restringiendo el alcance de publicaciones favorables al oficialismo y permitiendo una mayor circulación de contenidos vinculados con su adversario, Flávio Bolsonaro.
Entre las irregularidades denunciadas figuraban la reducción de la visibilidad de publicaciones políticas, restricciones a cuentas publicitarias, anuncios financiados desde el exterior y circulación de contenidos electorales generados mediante inteligencia artificial.
El tribunal determinó que Meta no respondió adecuadamente a los requerimientos de información y transparencia. Según el fallo, la empresa presentó documentación incompleta, respuestas genéricas y datos técnicos difíciles de verificar, además de incumplir los plazos establecidos.
La sanción alcanzó los 7,5 millones de reales, como resultado de multas diarias que habían sido fijadas durante la campaña: 500.000 reales por día entre el 17 y el 19 de octubre y un millón diario entre el 20 y el 25.
Sin embargo, el TSE aclaró que todavía no existen pruebas suficientes para afirmar que Meta haya intervenido deliberadamente para favorecer a Bolsonaro o perjudicar a Lula. La investigación sobre el posible trato desigual continuará en un procedimiento separado.
La compañía rechazó las acusaciones y sostuvo que aplica las mismas reglas a todas las candidaturas. También atribuyó los problemas denunciados a fallas técnicas, mecanismos antifraude y diferencias en las estrategias digitales de las campañas.
Tras conocerse la sanción, el debate sobre la regulación de las plataformas digitales volvió a ganar espacio en Brasil. La discusión excede la disputa entre dos candidaturas: pone sobre la mesa quién controla los algoritmos, qué criterios determinan la visibilidad de los contenidos y qué mecanismos existen para garantizar transparencia y responsabilidad.
La sanción no demuestra una manipulación electoral deliberada, pero sí establece que una de las mayores empresas tecnológicas del mundo incumplió requerimientos de la Justicia brasileña en plena campaña presidencial.
