El presidente Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia que reforma de manera integral el sistema de inteligencia nacional y otorga facultades extraordinarias a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), sin debate parlamentario. La medida fue adoptada tras el cierre de las sesiones extraordinarias del Congreso y profundiza el secretismo y la concentración de poder en el organismo.

El DNU habilita a la SIDE a realizar todas sus actividades bajo carácter “encubierto”, a aprehender personas y a requerir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior, rompiendo consensos construidos tras la última dictadura. Además, elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y debilita el control civil sobre el aparato de defensa.

Desde la oposición y organismos de derechos humanos advirtieron que la reforma legaliza el espionaje político y la persecución a periodistas. “Es una reforma muy regresiva y peligrosa”, denunció Paula Litvachky, directora del CELS. Legisladores de distintos bloques calificaron la iniciativa como la conformación de una policía secreta y reclamaron la anulación del DNU en el Congreso.

El CELS viene denunciando las maniobras que favorecen el espionaje ante los tribunales. En 2024, cuestionó en el fuero contencioso administrativo el DNU 614 –que resucitó a la SIDE–. En ese expediente, la gestión libertaria ya había hecho su apuesta a favor del secreto cuando fue a pedir que todo el trámite fuera reservado, algo insólito ya que no se discutían operaciones “encubiertas”. Ahora, avanza en ese sentido con el nuevo DNU.