Una fuerte ola de protestas sacude Bolivia tras la imposición del Decreto Supremo 5503, aprobado sin debate parlamentario por el gobierno de Rodrigo Paz. La norma habilita inversiones transnacionales “fast-track”, reduce impuestos a los sectores más ricos y dispara un aumento del 82% en la gasolina y del 163% en el diésel, generando un impacto inmediato en el costo de vida.

La Central Obrera Boliviana (COB) encabezó la movilización nacional bajo la consigna “Bolivia no se vende”. Una multitud estimada en cerca de medio millón de personas marchó hasta la sede de gobierno en La Paz, mientras se registraron alrededor de 40 bloqueos de rutas en distintos puntos del país.

El decreto facilita contratos confidenciales en sectores estratégicos como minería, hidrocarburos y energía, con beneficios fiscales por 15 años para capitales extranjeros y sin consultas a pueblos indígenas. A la par, el gobierno eliminó impuestos a las grandes fortunas y otorgó una amnistía total al ingreso de capitales, mientras amplía la carga tributaria sobre trabajadores y sectores populares.

Las protestas recuerdan el rechazo histórico al DS 21.060 de 1985, símbolo del ciclo neoliberal en Bolivia. Organizaciones sociales, sindicales y campesinas denuncian una restauración del modelo de privatización y saqueo, y reclaman la abrogación inmediata del decreto, asambleas abiertas y un plan de lucha nacional.

La respuesta oficial ha sido la represión policial, con detenidos y al menos tres comunarios asesinados durante operativos contra bloqueos. Pese a ello, el movimiento popular continúa en ascenso y plantea una salida alternativa basada en la nacionalización de sectores estratégicos, el control estatal del comercio exterior y que la crisis sea pagada por los grandes capitales y no por el pueblo trabajador.