América Latina alcanzó en 2024 el nivel más bajo de pobreza desde que existen registros comparables, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El 25,5% de la población regional —unos 162 millones de personas— vive en situación de pobreza monetaria, lo que representa una caída de 2,2 puntos porcentuales respecto de 2023.

De acuerdo con el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025, esta mejora se explica fundamentalmente por los resultados de México, que explica cerca del 60% de la reducción regional, y Brasil, con alrededor del 30%. En ambos casos, la Cepal destaca el impacto de políticas estatales orientadas al fortalecimiento de los ingresos, el empleo y la protección social.

La pobreza extrema también mostró un retroceso y alcanzó al 9,8% de la población, aunque aún se mantiene por encima del mínimo histórico registrado en 2014. En paralelo, la pobreza multidimensional descendió de manera sostenida, impulsada por mejoras en vivienda y acceso a servicios básicos.

No obstante, el organismo de Naciones Unidas advirtió que América Latina continúa siendo la región más desigual del mundo: el 10% más rico concentra el 34,2% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre accede apenas al 1,7%. Frente a este escenario, la Cepal subrayó la necesidad de profundizar políticas públicas que garanticen empleo de calidad, igualdad educativa y de género, y un mayor financiamiento del Estado social.

En contraste con estas experiencias, Argentina aparece ausente entre los países que impulsaron la reducción regional de la pobreza. Pese al discurso oficial del gobierno de Javier Milei, que sostiene haber sacado a millones de personas de la pobreza, distintos estudios —como los del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)— estiman que el índice real superó el 70% durante 2024. El propio informe de la Cepal desmiente al oficialismo al no incluir a Argentina entre los casos exitosos.

Mientras tanto, Brasil y México avanzan en sentido contrario al ajuste: el gobierno de Lula da Silva ya aumentó el salario mínimo un 7% y proyecta un nuevo incremento para 2026; en México, Claudia Sheinbaum continuó la política iniciada por López Obrador, con subas salariales acumuladas superiores al 150% y una ambiciosa reducción progresiva de la jornada laboral a 40 horas semanales sin pérdida salarial.

Los datos regionales refuerzan una conclusión clara: la reducción de la pobreza está directamente vinculada a un Estado activo, con políticas laborales y sociales que fortalezcan el poder adquisitivo y los derechos de la clase trabajadora. En ese marco, la reforma laboral impulsada por el gobierno argentino se perfila como un camino inverso, que amenaza con profundizar la precarización, el desempleo y la pobreza estructural.