El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma de la Ley Nacional de Glaciares que podría habilitar actividades mineras en zonas actualmente protegidas por su valor hídrico. El eje central del debate es el alcance de la figura de “ambiente periglacial”, cuya redefinición reduciría las áreas donde hoy rige la prohibición de explotaciones extractivas.

La ley vigente, considerada de “presupuestos mínimos” y respaldada por el artículo 41 de la Constitución, protege glaciares y zonas periglaciales como reservas estratégicas de agua. Especialistas advierten que modificar estas definiciones debilitaría un marco de protección clave en un contexto de crisis climática.

El Gobierno sostiene que la reforma busca “precisar” criterios técnicos, pero organizaciones socioambientales y científicos alertan que apunta a destrabar proyectos mineros actualmente vedados, como el caso San Jorge en Mendoza. Señalan además que el intento de trasladar responsabilidades del inventario glaciar a las provincias fragmentaría estándares ambientales y aumentaría la presión corporativa sobre los gobiernos locales.

La discusión se inscribe en una estrategia económica orientada a ampliar la explotación de recursos naturales, con foco en minerales privados y bajo el paraguas del RIGI, que ofrece amplios beneficios a grandes inversores. Esta reforma supone avanzar hacia un modelo primario-exportador que pone en riesgo fuentes esenciales de agua y limita la soberanía territorial.

Los bienes comunes no pertenecen a los gobiernos de turno, sino a las provincias, a las comunidades que habitan los territorios. Las decisiones estratégicas sobre bienes como el agua deberían tomarse bajo condiciones de información pública, deliberación social y participación real. La lucha de Mendoza contra el Proyecto San Jorge debe ser el ejemplo para todos los argentinos que queremos que nuestros recursos sigan siendo del pueblo y no del lobby privado aliado al gobierno nacional y los gobiernos provinciales.