El intervencionismo estadounidense sumó este jueves un nuevo capítulo trágico: el Comando Sur (Southcom) confirmó que bombardeó una embarcación civil en el Pacífico Oriental, asesinando a cuatro personas, en el marco de su ofensiva regional supuestamente “antinarcóticos”. Desde septiembre, esta escalada militar ha dejado al menos 87 muertos entre el Caribe y el Pacífico, sin que Washington presente evidencias públicas que respalden sus acusaciones.

El operativo fue ordenado nuevamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien sostiene una doctrina de “fuego preventivo” contra embarcaciones catalogadas unilateralmente como “narcolanchas” o incluso “buques terroristas”. En su comunicado, Southcom aseguró que la Inteligencia estadounidense habría “confirmado” que la barcaza transportaba drogas y navegaba por una ruta vinculada al narcotráfico. Sin embargo, como en todos los ataques previos, no mostraron pruebas que justifiquen la ejecución extrajudicial.

Lejos de moderarse, Hegseth advirtió esta semana que los bombardeos “apenas han comenzado”. Ya son 22 ataques en menos de tres meses, configurando una ofensiva militar que evoca los peores momentos de la llamada “guerra contra las drogas”: acciones unilaterales, sin cooperación regional, sin supervisión internacional y con un saldo de víctimas que hasta ahora recaen exclusivamente sobre embarcaciones civiles.

Organizaciones de derechos humanos y sectores progresistas de la región alertan sobre un patrón: Estados Unidos está actuando como juez, policía y verdugo en aguas internacionales, legitimando asesinatos sin juicio previo bajo el pretexto del combate al narcotráfico. Una estrategia que reproduce la violencia que dice combatir, profundiza la inestabilidad regional y desconoce la soberanía de los países latinoamericanos.

Con información de Europa Press.