La Fiscalía a cargo de Guillermo Onel detectó graves condiciones de explotación laboral en campos de Santa Fe vinculados al grupo Vicentin. Durante un operativo, se identificó a 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, incluidos dos adolescentes de 17 años.

“Se constató que vivían en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni baños, solo tachos para sus necesidades, y dormían en el piso sobre mantas o colchones”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Según la investigación, los trabajadores percibían $300.000 por quincena, aunque se les descontaba el costo de la comida. El escenario recordó a los investigadores prácticas históricas de explotación como las de La Forestal.

Los allanamientos se realizaron en los establecimientos Santa Ana SRL y en “La Revancha”, administrada por La Isabelina SA, empresa controlada por familias ligadas a Vicentin. En 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández impulsó un proyecto de expropiación, vecinos de Avellaneda se movilizaron bajo la consigna “Somos todos Vicentin”.

El caso se suma a la crisis judicial que atraviesa la cerealera. El juez Julián Ercolini citó a indagatoria a 26 exdirectivos de Vicentin y del Banco Nación por un presunto fraude millonario contra el Estado, en operaciones realizadas en 2019.

En 2020, Alberto Fernández y el Frente de Todos habían anunciado la expropiación de las empresas por su quiebra y las múltiples deudas que acumulaban. Sin embargo, el entonces presidente conversó por teléfono con Sergio Nardelli, el CEO de la empresa, y dio marcha atrás. Tras fugar y estafar, el Gobierno peronista premió a los dueños de la agroexportadora que ahora nos enteramos que explotan trabajadores en sus campos con niveles de semiesclavitud.