El periodista Hugo Alconada Mon denuncia que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Argentina, reestablecida por el gobierno actual, estaría llevando a cabo un espionaje ilegal sobre opositores políticos, gremios y organizaciones sociales. Tuvo acceso a un documento que detalla información sobre los referentes políticos espiados.
Un documento interno, titulado “Hechos previstos 09JUL25” y filtrado a la prensa, revela que la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), bajo la dirección de Alejandro Cecati, monitoreó una serie de actividades públicas y lícitas para el 9 de julio y días posteriores. El informe detallaba con precisión horarios, recorridos y lugares de concentración de diversas manifestaciones, sin justificar la existencia de amenazas a la seguridad.
El espionaje se habría centrado en figuras políticas de la oposición, líderes gremiales y colectivos sociales, incluyendo los gobernadores Axel Kicillof y Alberto Weretilneck; los legisladores Wado de Pedro y Facundo Manes; la intendenta Mayra Mendoza; los referentes políticos Sergio Massa, Máximo Kirchner y Guadalupe Tagliaferri; integrantes de las Centrales obreras y sindicatos como la CGT, CTA, La Bancaria, FePeViNa y Sutna y organizaciones sociales como colectivos de jubilados y personas con discapacidad.
Los informes destacan que no se encontraron registros de monitoreo a funcionarios del gobierno actual o a miembros de La Libertad Avanza (LLA), lo que sugiere un espionaje selectivo.Hasta el momento, el gobierno no ha ofrecido una versión oficial sobre el contenido de los informes filtrados.
La actividad denunciada podría constituir una violación de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, la cual prohíbe explícitamente a los organismos de inteligencia recopilar información sobre personas o grupos por sus opiniones políticas, afiliación social o sindical.
Desde hace varias notas, lejos de pensar que estamos en dictadura, nos preguntamos por las características de esta democracia. Lejos de asumir que el Estado está en retirada, vemos que está más que presente para estas acciones de criminalización de las libertades y derechos.
