Hace 7 años, el 19 de febrero de 2028, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito impulsamos el primer pañuelazo federal para exigir el debate y la aprobación de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que presentábamos por séptima vez en el Congreso de la Nación. Dentro del recinto se dio un amplísimo debate con 750 exposiciones a favor y en contra. Afuera, en las calles, fuimos marea. Dos años después, logramos que se reconociera nuestro derecho a decidir a través de la sanción de la Ley N° 27.610.
Hoy el gobierno de Milei está incumpliendo tanto la Ley N° 25.673 Creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Este incumplimiento es una política sistemática que lleva adelante a través del desfinanciamiento y de la suspensión de la compra y distribución tanto de métodos anticonceptivos como de medicación para realizar los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo de manera segura y gratuita. Denunciamos un desabastecimiento alarmante en todo el país para la garantía de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos.
A la falta de medicación se le suma la falta de información sobre cómo acceder a un aborto y dónde recurrir, el no funcionamiento del 0800 222 3444 Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, dificultades en el acceso a la primera consulta, demoras en los turnos para ecografías, maltratos y preguntas invasivas, indicaciones incorrectas de cómo utilizar la medicación, entre tantos otros obstáculos. Todas estas prácticas son vulnerables de derechos que, además, estigmatizan y provocan temor a quienes deciden interrumpir un embarazo.
En Argentina se están llevando adelante políticas antiderechos que violan la legalidad constitucional, tanto desde el gobierno nacional como desde muchos gobiernos provinciales y municipales en la misma línea conservadora, poniendo en riesgo la salud integral y la vida de niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar. A través del desfinanciamiento y la eliminación de programas sanitarios, Milei y sus aliados nos empujan nuevamente al aborto clandestino e inseguro. Ya lo dijimos una y mil veces ¡al aborto clandestino no volvemos nunca más!
Desde la Campaña siempre supimos que la sanción de la ley de IVE sería solo un piso y que nuestra lucha continuaría por su implementación efectiva y el acceso universal al derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a la anticoncepción y a la educación sexual integral.
Por eso, seguimos reafirmándonos en nuestra conquista: ¡en Argentina el derecho al aborto es ley! Una ley de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. Una ley que salva vidas porque logró bajar los índices de embarazo adolescente y de las muertes por abortos inseguros. Una ley que termina con la hipocresía y el negocio del aborto clandestino.
Ante los discursos y políticas que atentan contra nuestra libertad, sobre nuestros cuerpos, sexualidades identidades y proyectos de vida, nos sobran motivos para seguir levantando nuestros pañuelos verdes como bandera de autonomía, derechos humanos, salud pública y justicia social. Nos sobran motivos para seguir sosteniendo el activismo y la militancia.
Hoy realizamos pañuelazo y acciones en varias provincias en defensa de la Ley N° 27.610, con la exigencia, al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales y municipales, de presupuesto idóneo para su difusión e implementación efectiva. Porque sin plata para la salud integral, nuestras vidas están en riesgo.
Seguimos en Campaña, organizándonos para construir colectivamente la defensa de todo lo conquistado y para exigir que se cumplan las leyes que protegen los derechos de las niñeces, las adolecencias, las mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, bisexuales y no binaries.
