Criminalización de las luchas obreras: La Cámara Federal endurece las acusaciones contra referentes sociales del Polo Obrero, en un contexto de ajuste y desabastecimiento en comedores populares. “Bullrich, Milei y Pettovello buscan deslegitimar la lucha contra el hambre”, acusaron los movimientos sociales.
Este jueves 21 de noviembre se conoció un fallo judicial que intensifica las acusaciones contra los dirigentes del Polo Obrero, marcando un nuevo capítulo en la criminalización de las luchas obreras en Argentina. Este fallo, que agrega cargos más severos al procesamiento dictado en agosto pasado, representa un ataque directo al derecho de las organizaciones populares a movilizarse y organizarse.
El caso fue iniciado por el juez federal Sebastián Casanello y promovido por el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich y el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Fue escalado tras la intervención del Tribunal de Apelaciones y ahora, además de ratificar el procesamiento inicial, el tribunal ha añadido imputaciones como “extorsión y coacción, endureciendo potencialmente las penas”.
Este avance judicial ocurre en un contexto crítico: el ajuste y las políticas de hambre del gobierno se profundizan, los sectores más vulnerables enfrentan recortes salariales yen partidas sociales esenciales, y se busca eliminar a los comedores comunitarios. Así, la medida no solo ataca a las organizaciones sociales, sino que también agrava la precarización de quienes dependen de estas redes para subsistir.
Desde el Polo Obrero y el Partido Obrero emitieron un comunicado en el que denuncian las irregularidades del proceso judicial. Según el documento, el fallo busca golpear la libertad de movilización y organización obrera, alineándose con intereses políticos que buscan desacreditar a quienes encabezan la lucha contra el hambre y el ajuste.
“El fallo dictado hoy por la Cámara Federal de Apelaciones contra militantes del Polo Obrero es un golpe contra la libertad de organización y de movilización, a la medida de las necesidades de Bullrich, Milei y Pettovello, responsables del desabastecimiento masivo de los comedores populares en todo el país”, afirmaron.
El comunicado también detalla las irregularidades en el proceso: negación de acceso a pruebas clave, limitaciones en las declaraciones indagatorias, uso de testigos protegidos sin control ni transparencia, y manipulación de evidencias. Estas acciones, según denuncian, buscan construir un caso que presente al Polo Obrero como una organización delictiva, deslegitimando su lucha.
Lejos de amedrentarse, el Polo Obrero ha anunciado que apelará el fallo y redoblará sus esfuerzos de movilización. Una de las primeras acciones será una conferencia de prensa este lunes 25 de noviembre en Serpaj (Piedras 730, Ciudad de Buenos Aires), donde se expondrán los detalles del caso y las estrategias de defensa.
El fallo ha generado una ola de solidaridad en sectores de izquierda y organizaciones sociales. Es que, este fallo se inscribe en una tendencia preocupante de criminalización de las protestas sociales en el país. En un contexto de creciente desigualdad y ajuste económico, estos ataques no solo buscan disciplinar a las organizaciones sociales, sino también desarticular las redes de contención que han sido clave en la lucha contra la pobreza.
La defensa de los derechos a la organización y la movilización no es solo una causa de quienes hoy están siendo procesados, sino un pilar fundamental para la democracia. Frente a esta avanzada neoliberal y represiva, resulta vital fortalecer la solidaridad y la resistencia con la unidad de todos los que luchan.
