Se trata de una solicitud dirigida al Congreso Nacional para que convoque a una consulta popular para garantizar el financiamiento universitario vetado por el presidente Javier Milei. El pedido ya cuenta con más de 400 firmas de destacados referentes de las universidades, la ciencia y la cultura e incluyen a exministros y exfuncionarios de distintos gobiernos y fuerzas políticas. Este pedido se basa en el Artículo 40 de la Constitución Nacional que permite al Congreso poner una ley en consulta popular vinculante, con voto obligatorio, no sujeta al veto presidencial, y con promulgación inmediata en caso de ser aprobada.
La reciente iniciativa para convocar una consulta popular vinculante sobre el financiamiento de las universidades públicas en Argentina surge como respuesta al veto presidencial que dejó sin efecto una ley aprobada por el Congreso. Esta ley había sido propuesta para garantizar un presupuesto adecuado para el año 2025, atendiendo al reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a las universidades nacionales.
Según el comunicado difundido por Red Eco Alternativo, el pedido ya cuenta con más de 400 firmas de personalidades destacadas en el ámbito académico, científico y cultural, incluidos exministros y exfuncionarios de diferentes gobiernos. Los impulsores de esta solicitud argumentan que las universidades nacionales están atravesando una de las peores crisis de financiamiento en la historia reciente, con presupuestos insuficientes tanto en 2024 como en las proyecciones para 2025. Esta situación ha llevado a que los salarios docentes sean de los más bajos de Latinoamérica, ubicando a muchos trabajadores universitarios por debajo de la línea de pobreza.
El pedido se basa en el Artículo 40 de la Constitución Nacional, que habilita al Congreso a convocar una consulta popular vinculante con voto obligatorio. Esta consulta permitiría a la ciudadanía aprobar un proyecto de ley que, en caso de recibir el apoyo popular, se convertiría en ley de forma automática y sin posibilidad de veto presidencial. La reglamentación para este tipo de consulta está establecida en la Ley 25.432 desde el año 2001.
La iniciativa se apoya en el amplio respaldo ciudadano evidenciado en marchas federales masivas y encuestas que muestran un fuerte apoyo al financiamiento universitario. Además, se destaca la movilización del movimiento estudiantil, que ha sido un actor clave en las recientes manifestaciones en defensa de la educación pública.
El objetivo principal de esta consulta es asegurar que las universidades puedan continuar con sus actividades esenciales —como la enseñanza, la investigación y la extensión— en condiciones que garanticen calidad, inclusión y pertinencia. Se espera que esta medida no solo asegure la continuidad del funcionamiento universitario, sino que también canalice el apoyo popular hacia una herramienta de democracia directa.
El texto del pedido insta al Congreso Nacional a avanzar con la convocatoria de la consulta popular. Los firmantes buscan que este mecanismo democrático permita revertir el impacto del veto presidencial y garantice el financiamiento necesario para las universidades en 2025.
Para quienes deseen adherirse a esta iniciativa, se ha habilitado un enlace en el comunicado original para sumar firmas al pedido.
Fuente: Red Eco Alternativo.
