En un proceso a escondidas del pueblo, del Consejo Deliberante y desatendiendo una ordenanza provincial y la Carta Orgánica de la ciudad, la firma autoriza un pago total de $4.068 millones de pesos durante un año para la empresa. A su vez, dispone la reubicación de 27 empleadxs municipales que hasta el momento no se sabe a dónde van a traspasar sus labores. 

El Parque Nacional Nahuel Huapi es el parque más antiguo y uno de los territorios con mayor biodiversidad del país. Reconocido por su belleza natural, el centro de esquí más grande de América Latina, sus espejos de agua cristalinos y frondosos bosques, Bariloche esconde bajo la alfombra la basura de sus más de 170.000 habitantes permanentes y del millón y medio de turistas que visitan anualmente la zona. Entre altos cerros y vistas magníficas, hace 45 años que existe este vertedero a cielo abierto. Recibe todos los días 200 toneladas de basura que, sin gestión ni separación se vierten directamente al suelo afectando napas de agua subterránea, lagos y arroyos. Agravado por la quema constante de los residuos que emanan gases tóxicos que dañan el aire y la salud de la población. Al costado de todas las postales, emplazado en 37 hectáreas sobre la ruta 40, el basural sigue creciendo rodeado de barrios que sufren las consecuencias más directas de la contaminación. 

La situación del vertedero acumula un récord de promesas incumplidas. A pesar de que la emergencia ya fue declarada en 2011, la gestión de los residuos casi no tuvo cambios en las últimas décadas. A nivel provincial, se aprobó en 2020 la Ley 5491 conocida como Plan GIRSU para erradicar los basurales a cielo abierto. El Concejo Deliberante le puso fecha al cierre definitivo para diciembre del 2023, pero el vencimiento del plazo no tuvo consecuencias. Más tarde, en 2025, otra ordenanza que buscaba financiar el cierre del vertedero con 400 millones de pesos de las regalías petroleras fue vetada por el intendente Cortés. El desencuentro más reciente fue justamente en torno a la privatización de operaciones en el vertedero, que no logró el acuerdo de los concejales para llamar a licitación y terminó en una contratación directa por parte del Ejecutivo.

Ahora bien, ¿quiénes son Walter Cortes y Rowing S.A? El primero tiene en su haber un prontuario jugoso: con 30 años de dirigencia en el sindicato de comercio local, fue electo intendente con apenas el 19 % de los votos. Su historial también incluye una condena a 4 años, de los que solo cumplió dos en el penal de Esquel, por fraude al Estado por más de 2 millones de dólares. Peón del gobernador ahora filolibertario, Alberto Weretilneck, es seguidor de las políticas de privatización y hacedor de favores políticos. Por su parte Rowing S.A, empresa dedicada a la ingeniería, construcción y servicios industriales —según indica su página web—, acumula algunas adquisiciones de valor: es la histórica contratista de Edenor y Edesur en el AMBA y sumó servicios similares en CABA. Su vínculo con el municipio no es nueva, en la anterior gestión de Gustavo Gennuso ya prestaba servicios en el vertedero. Pero hay un dato llamativo: sería la empresa que además se quedaría con la licitación del alumbrado público de la ciudad, hasta el momento en manos de la Cooperativa Eléctrica Bariloche (CEB). Queda claro quién es la favorita en la disputa por la adjudicación de los servicios públicos locales. 

Hace años que vecinxs de los barrios más vulnerables de la ciudad, los barrios del “Alto”, que además son lxs primerxs afecatadxs por la quema, los olores y el agua contaminada por el vertedero, se organizan en la asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs. Demandan tanto al municipio como a la provincia, el cierre y la reubicación definitiva del basural. Gestión tras gestión se sigue desoyendo su reclamo. Les acompañan concejales de la oposición, la Defensoría del Pueblo y organizaciones ambientales y políticas. El pasado 25 de julio, tras conocerse la nueva licitación, realizaron una manifestación en el Centro Cívico. 

En esta ciudad que fue testigo de crueldades desde el genocidio, despojo y saqueo a las comunidades originarias mapuche-tehuelche, codiciada por magnates de la talla de Joe Lewis y sus testaferros locales —como los hermanos Van Ditmar— que velan por la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada; en esta ciudad donde se cuece el destino economíco y político del país a puertas cerradas en el hotel Llao LLao de Eduardo Elzstain, hay muchas heridas palpables, pero hay una a cielo abierto que sangra todos los días y que es urgente cerrar.