En una nueva muestra de subordinación política e ideológica a los intereses de la Casa Blanca, la diplomacia argentina dio un paso más en la construcción del andamiaje represivo regional. El canciller Pablo Quirno y el número dos de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), José Lago Rodríguez, participaron en la Cumbre contra el resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda, convocada en Washington por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. El encuentro reunió a delegaciones de más de 60 países y fue pensado para articular una coalición internacional de cooperación policial y de inteligencia orientada a criminalizar la protesta y perseguir a las expresiones políticas del campo popular.
Durante el evento, el discurso de la administración de Donald Trump invocó abiertamente la retórica macartista* de la Guerra Fría. Rubio llamó a mapear la amenaza y reconstruir la arquitectura antiterrorista continental, trazando una continuidad con la persecución a organizaciones militantes de los años ’70 en la región. Fue un guiño nostálgico a la Doctrina de la Seguridad Nacional y al Plan Cóndor, dos dispositivos del terrorismo de Estado que articularon la represión en el Cono Sur durante las dictaduras militares del siglo XX.
*Joseph McCarthy fue un senador republicano que en la década del 50 inició una campaña de acusaciones, persecución política y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas (lo fueran o no) en Estados Unidos durante la Guerra Fría. Cientos de compañeros militantes de izquierda, sindicalistas, artistas, científicos e intelectuales tuvieron que declarar ante la justicia norteamericana sospechados de ser espías del comunismo. Hubo encarcelamientos, despidos masivos, construyeron listas negras y armaron juicios injustos. Esta campaña tuvo consecuencias terribles sobre sus vidas ya que a quienes perdieron sus empleos, nadie podía contratarlos porque iba a ser sospechoso de colaborar con el comunismo.
Volviendo a la cumbre, nuestro país se hizo presente con Pablo Quirno como orador. El dato no es menor ya que solo cinco países fueron elegidos para exponer. En las redes sociales de la SIDE, Lago Rodríguez celebró la participación de la Casa Rosada y fundamentó la necesidad de actuar en conjunto porque según él, el terrorismo político no reconoce fronteras. Inmediatamente, esta vinculación se materializó en la visita a Buenos Aires del número dos del FBI, Andrew Bailey, quien mantuvo reuniones con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para hacer intercambios de inteligencia. Esta integración a la agenda de seguridad de Washington es la continuación de la política de reestructuración de los organismos de inteligencia.
La alineación internacional del gobierno libertario tiene su frente doméstico. Desde su asunción, Milei hizo reformas al sistema de inteligencia nacional y restableció viejas facultades opacas. Entre ellas, habilitó el espionaje político contra la oposición y las organizaciones sociales y ambientales.
A través del DNU 614/24, el Ejecutivo disolvió la Agencia Federal de Inteligencia y devolvió a la vida a la nefasta Secretaría de Inteligencia del Estado. Además, dividió el organismo en cuatro agencias: el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la Inspectoría General. A su vez, le otorgó 100.000 millones de pesos en fondos reservados por los que no debía rendir cuentas y le devolvió a los agentes secretos el poder de actuar como auxiliares de la justicia en causas penales, una herramienta histórica del espionaje ilegal.
Más tarde se filtraron los lineamientos del Plan de Inteligencia Nacional. El documento incorporó como riesgo para la seguridad nacional la categoría de “terrorismo anarquista” y las expresiones de extremismo ideológico, plegándose a la narrativa estadounidense que incluyó a los movimientos antifascistas y activistas de acción directa como terroristas domésticos. De esta manera, la manipulación de la categoría de terrorismo busca transformar el derecho a la protesta social y la disidencia política en un delito contra la seguridad del Estado.
Bajo este marco, el gobierno libertario calificó las manifestaciones frente al Congreso contra la ley bases y las reformas de ajuste como presuntos intentos de golpe de Estado. Incluso judicializaron la protesta acusando a los manifestantes de sedición. Hoy tenemos dos compañeros presos y seguimos exigiendo libertad para Milton y Eneas.
Desde la oposición, algunos legisladores del FITU y UP presentaron proyectos para citar al canciller Pablo Quirno al Congreso de la Nación, junto con pedidos de acceso a la información pública. Exigen que expliquen qué acuerdos o documentos firmaron en la cumbre, qué datos van a ceder a las agencias internacionales de inteligencia y qué entiende el Gobierno por extremismo político.
La participación oficial de Argentina en esta cumbre rememora el pasado macartista en democracia y en dictadura. Tanto la Triple A peronista como los milicos aplicaron este marco ideológico para disciplinar los proyectos revolucionarios en marcha. Hoy lejos de ese contexto, arremeten contra quienes presenten oposición al plan de sacrificio sobre todo nuestro pueblo. La instrumentalización del terrorismo es una excusa para la persecución política y el menoscabo de las libertades democráticas. Pero el fin último de la naturalización de la violencia estatal contra la militancia política es el plan económico de entrega del país.
