La propuesta formaba parte del paquete de reformas impulsado por el gobierno de Javier Milei y había generado fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales, ambientales, especialistas y sectores de la oposición, que advirtieron sobre el riesgo de profundizar la extranjerización de la tierra y debilitar las herramientas del Estado para proteger recursos estratégicos.

Entre los cambios previstos, el proyecto derogaba los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fijó un tope del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales y estableció restricciones sobre la adquisición de superficies consideradas estratégicas para la soberanía nacional.

La caída del debate representa un revés para el oficialismo, que pretendía aprobar la iniciativa antes del receso legislativo. La falta de consensos y las críticas recibidas impidieron que el proyecto avanzara en el recinto.

Más allá del resultado parlamentario, la discusión volvió a poner en el centro un debate de fondo: quién controla la tierra, el agua, los bienes comunes y los recursos naturales del país. Para organizaciones campesinas, ambientales y de derechos humanos, flexibilizar la venta de tierras a capitales extranjeros implica profundizar un modelo de concentración y pérdida de soberanía sobre territorios estratégicos.

Aunque el proyecto quedó momentáneamente frenado, desde distintos sectores advierten que el Gobierno podría insistir con la iniciativa en futuras sesiones, en el marco de su programa de desregulación económica y apertura a las inversiones extranjeras.

Es necesario organizarse y luchar contra el proyecto de cara a su próximo debate en el Congreso. La calle es el lugar para presionar a los Senadores que fueron elegidos para, en teoría, representar al pueblo.