En los últimos meses la legislatura pampeana ha abierto el debate sobre las unidades económicas agrarias, buscando modificar los límites que impone la Ley Provincial n° 468 que establece normas para el fraccionamiento de predios rurales. Lo que se pretende es desregular, generar excepciones o reducir los tamaños permitidos para la conformación de una unidad económica agraria. 

En teoría, la unidad económica agraria es la superficie que, a partir de las características de la tierra y las condiciones de producción, “permite a una familia tipo vivir decorosamente y prosperar” (Altolaguirre, H.; 2024 -UCR-). En los proyectos de ley presentados por la Unión Cívica Radical y el Frente Justicialista Pampeano se fundamenta la propuesta en que los cambios tecnológicos ocurridos en los últimos años en el sector agropecuario han permitido intensificar la producción. Esto supondría que se podría disminuir el tamaño de los campos para obtener suficientes rendimientos para el sostén económico familiar.  

Es así que en el año 2024, Reyes (La Arena, 14 de diciembre del 2024) destacaba que la “revolución verde” en La Pampa había logrado el aumento de la producción de granos y oleaginosas en un 433% en 50 años. A través del uso de los “paquetes tecnológicos” (que incluyen agrotóxicos) se ha logrado incorporar gran cantidad de tierras, corriendo la frontera agrícola y desplazando a la zona ganadera. 

Quienes impulsan la modificación plantean que esta ley generaría grandes beneficios a personas herederas de tierras que actualmente se encuentran dentro de condominios “no voluntarios ni elegidos sino por decisión estatal” (Ortiz Garcia, P. F.; 2024 -Frente Peronista Pampeano-). Al liberar las restricciones que impone la Ley Provincial n° 468, estas personas tendrían la posibilidad de vender sin condicionamientos o reduciendo enormemente los mismos. Mientras que, bajo las condiciones actuales, se ven presionadas a “malvender”. 

Contemplando que en el conglomerado Santa Rosa-Toay el INDEC registró en el segundo semestre del 2025 una pobreza del 25,2% y una indigencia del 8,7% (es decir, una persona de cada 3 es pobre o indigente) vale hacer la pregunta de quién compraría esas tierras, que podrían ahora sí ser “bien vendidas”. También cabe recordar dos leyes promulgadas en el año 2020 y nunca implementadas que pretendían incentivar el cuidado socio-ambiental y fomentar la producción agroecológica: la Ley n° 3288 de gestión integral de plaguicidas y la Ley nº 3298 de promoción del desarrollo de la producción agroecológica.

Sin políticas para paliar el hambre, acceder a tierras o mejorar la calidad de vida en zonas rurales, se hace evidente que el motor del debate no es la búsqueda de respuestas a las necesidades de la familia agraria, o la búsqueda del “regreso de la ciudad al campo”. Más bien, el trasfondo es la agudización de una política extractivista, contaminante y basada en el crecimiento de las empresas agropecuarias. De este modo, las familias hoy día herederas de tierras podrían vender para que la próxima generación habite una tierra más empobrecida y contaminada, y sea empleada por estas empresas.