La antigua conductora de televisión Carolina Losada, devenida en senadora nacional por Juntos por el Cambio (como parte de la UCR) en representación de Santa Fé, se encuentra liderando una fuerte campaña de disciplinamiento social. Quien fuera autora de la frase “no hay nada más esclavo que trabajar en blanco” ha presentado por tercera vez el proyecto de ley “contra las falsas denuncias”.

El proyecto de ley S-0228/2025 este año logró dictamen de mayoría favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, quedando en condiciones para ser tratado en el recinto. En concreto, lo que propone es agravar la pena para el delito de falsa denuncia (ya existente en el código penal) en el caso de que se trate de denuncia falsa de violencia de género, delitos contra la integridad sexual o delitos sobre niñeces y adolescencias.

Los fundamentos que expone Losada hacen referencia a los escraches sociales y al “Programa Acompañar” (programa desmantelado en 2024 que otorgaba un beneficio económico a personas que habían atravesado graves situaciones de violencia de género y no contaban con recursos económicos) como mecanismos que ella supone dejarían a la población en una incertidumbre ya que cualquier persona podría ser denunciada aunque no haya cometido delito. Así, Losada se presenta como defensora de los “adultos desamparados por la justicia”.

Lo cierto es que en números, las falsas denuncias constituyen un hecho prácticamente inexistente a nivel judicial. En el documento conjunto realizado por una variedad de organizaciones titulado “Consideraciones sobre el Proyecto de Ley S-0228/2025” se destaca que, en primer término, es necesario contemplar que la estadística oficial sobre falsas denuncias es escasa. Allí retoman datos de la Dirección Nacional de Reincidencias, detallando que durante el año 2023 se dictaron 23.419 sentencias, donde los casos de falsa denuncia y falso testimonio fueron 60. Esto representa el 0,25% del total de las sentencias dictadas en ese año. Sin embargo, no existen estadísticas disponibles para desglosar con qué tipo de delito se vinculan esas falsas denuncias y falsos testimonios.

Mientras la problemática de las falsas denuncias pareciera no existir como problema real, lo que sí es un problema real es la violencia patriarcal. El observatorio de Mumalá informó que durante el año 2025 hubo un femicidio cada 33 horas en Argentina. La “Encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres” -realizada en el 2021- concluyó que el 45% de las mujeres entrevistadas sufrieron algún tipo de violencia por parte de su pareja en el ámbito doméstico. Sin embargo, de éstas sólo 1 cada 4 buscó ayuda o llegó a denunciar. Respecto al abuso sexual infantil, el antiguo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en base a estadísticas desde 2017 hasta 2022, había concluido que 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 6 niños sufren abuso sexual. Y el programa “Las víctimas contra las violencias” en el año 2016 había concluido que en las denuncias de abuso sexual infantil el 81% eran delitos cometidos en el seno familiar. En tanto Carlos Rozanski (ex juez federal) plantea que apenas 1 de cada 1000 denuncias por abuso sexual infantil finaliza con una condena.

En su campaña, Losada maneja discursivamente como sinónimos las palabras “calumnia”, “escrache” y “denuncia falsa”. Incluso, equipara la denuncia no corroborada o la falta de condena a la idea de “denuncia falsa”. Lo cierto es que promueve la confusión conceptual distorsionando la comprensión del sistema judicial e incentivando sospechas infundadas sobre quienes denuncian.
A su vez, en su proyecto, ella extiende la amenaza de persecución penal a testigos, desincentivando el compromiso de quienes tienen roles claves en el acompañamiento de situaciones de violencia como el personal docente o el personal del ámbito de la salud. Este proyecto de ley representa el interés por romper lazos solidarios y destruir la ética profesional de las personas que pueden ejercer roles esenciales en estos casos. No casualmente en marzo de este año un grupo de abogados de la provincia de Santa Fé denunció a 3 psicólogas que emitieron informes respecto a 3 casos de abuso sexual infantil.
En fin, todo aparenta que los “adultos desamparados” por los que está preocupada Losada parecen ser pedófilos jugando a ser mosquitas muertas.