La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) anunció que intervendrá por doce meses el puerto de Ushuaia, alegando irregularidades financieras, desvío de fondos y graves deficiencias en la infraestructura y la seguridad operativa. La decisión generó el rechazo tanto del pueblo como del gobierno fueguino, que anunció que recurrirá a la Justicia.
El argumento del Estado nacional se sostiene en una supuesta falta de respuestas ante inspecciones, denuncias de vaciamiento realizadas por trabajadores y reclamos de empresas navieras que operan en el puerto. Entre las fallas detectadas, la ANPYN mencionó faltantes de pilotes, defensas desgastadas, problemas en el muelle, deficiencias en la carpeta asfáltica y un deterioro general de la infraestructura.
Además, sostuvo que el 33% del presupuesto fue destinado a subsidios provinciales, mientras que solo el 1,3% se usó para obras y servicios, en violación de la normativa que obliga a reinvertir los fondos en el propio puerto. Durante la intervención, la ANPYN contará con apoyo de la Prefectura Naval Argentina, mientras que las principales gerencias continuarán a cargo de personal fueguino.
Por su parte, el gobernador fueguino Gustavo Melella rechazó la decisión y afirmó que “no existe una justificación objetiva” para una medida de esta magnitud. Señaló además que el puerto opera con normalidad, atraviesa una temporada récord de buques y cruceros y cumple con estándares internacionales de seguridad y calidad. Desde su entorno advirtieron que la intervención podría ser el paso previo a una privatización, en el marco de un conflicto más amplio entre Nación y la provincia.
Aunque el gobierno, entre unos de sus argumentos, sostiene que hay denuncias de los trabajadores y por eso interviene, lo cierto es que acaba de decretar el desalojo del personal. Se notificó a los trabajadores presentes que debían abandonar sus puestos de forma inmediata, informándoles que el control quedará bajo el mando de los interventores. Solo 12 personas trabajadoras del puerto fueron autorizadas a ingresar. Los trabajadores también denuncian la medida y alertan una posible privatización.
