A casi diez años del asesinato de Berta Cáceres, nuevas investigaciones revelan el entramado financiero detrás del crimen. Un informe de la CIDH expone responsabilidades empresariales que aún no fueron juzgadas. Ponen el ojo en la familia Atala Zablah, uno de los clanes de empresarios más ricos de Centroamérica.
Una investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que una red criminal desvió el 67% de los más de 18,5 millones de dólares aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Neerlandés de Desarrollo Empresarial (FMO) al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Según el informe, esos fondos fueron utilizados para operaciones ilegales de vigilancia e inteligencia, incursiones armadas y el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres, así como para la violencia sistemática contra la comunidad lenca de Río Blanco. El GIEI concluye que el crimen y la represión fueron financiados mediante recursos provenientes de bancos internacionales de desarrollo.
El asesinato está estrechamente vinculado al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desa, propiedad del holding de los Atala Zablah. La obra fue resistida por el pueblo lenca por el daño ambiental y territorial que implicaba. Berta lideró la resistencia desde el Copinh y logró que actores internacionales se retiraran del proyecto. Pese a ello, Desa continuó con respaldo estatal y vínculos con fuerzas de seguridad y estructuras militares.
El GIEI documenta tareas de vigilancia, seguimiento e inteligencia contra Cáceres y su organización, coordinadas desde espacios donde participaban integrantes de la familia Atala. Hubo al menos seis incursiones previas al asesinato. La noche del 2 de marzo de 2016, sicarios ingresaron a la casa de Cáceres y la asesinaron. Aunque hubo condenas a autores materiales y a David Castillo, presidente de Desa, la cadena de responsabilidades no se cerró.
El informe advierte la existencia de un nivel superior de decisión, de carácter empresarial, aún impune. Pide investigar a los accionistas de Desa y sus vínculos con funcionarios estatales. El caso Berta Cáceres sigue abierto y los asesinos no han pagado. Este informe fue presentado ayer, 14 de enero, por el gobierno de Xiomara Castro, que no podemos olvidar se ve amenazado por EEUU y sus socios empresariales. El presidente durante el asesinato de Berta, Juan Orlando Hernández, fue indultado por Trump pese a que sobre él carga la condena de la justicia de EEUU y Honduras por vínculos con el narcotráfico y las mafias.
Nada es casualidad. Berta Cáceres fue asesinada por enfrentar al capital, al extractivismo y al imperialismo. Seguiremos exigiendo verdad y justicia.
