En los términos del derecho burgués, instituido por el propio imperialismo, el accionar estadounidense es ilegal. La invasión militar a Venezuela y el secuestro de Maduro constituyen una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas, tratado que Estados Unidos ha ratificado. A diferencia de lo ocurrido en Panamá en 1989, esta vez ni siquiera existe un intento de dotar a la operación de legalidad constitucional interna.
Desde el punto de vista del derecho internacional, la ilegalidad es clara. El artículo 2.4 de la Carta de la ONU prohíbe expresamente el uso de la fuerza en el territorio de otro Estado soberano, salvo tres excepciones: consentimiento del país afectado, legítima defensa ante un ataque armado, o autorización explícita del Consejo de Seguridad. Ninguna de esas condiciones se cumple en el caso venezolano.
Cuando Estados Unidos realiza operaciones armadas en el extranjero sin autorización de la ONU —como ataques con drones— suele hacerlo con el aval del gobierno anfitrión y bajo el argumento de legítima defensa. En Venezuela ocurrió lo contrario: se violó la soberanía territorial sin consentimiento, sin ataque previo y sin aval internacional, ingresando de lleno en la ilegalidad.
La detención de una persona para someterla a juicio es una operación policial, no un acto de defensa propia. Ese criterio ya fue debatido en foros internacionales. Como antecedente, en 1989, el Consejo de Seguridad de la ONU intentó condenar la invasión estadounidense a Panamá, resolución que fue vetada por Washington. Posteriormente, la Asamblea General aprobó por amplia mayoría (75 votos contra 20) una resolución que calificó la intervención como una “violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía estatal”.
Durante la invasión a Panamá, la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia de EE. UU. emitió un dictamen que sostenía que el presidente tenía poder constitucional inherente para desplegar fuerzas federales en el extranjero y capturar a personas requeridas por la justicia estadounidense, aun cuando ello violara el derecho internacional. Ese dictamen fue firmado por William Barr, fiscal general.
En el caso venezolano, ni siquiera esa doctrina fue aplicada de forma coherente. Donald Trump no coordinó institucionalmente la operación, ni obtuvo consenso interno, ni declaró guerra, ni recibió autorización para el uso de la fuerza. El Congreso estadounidense debería haber debatido y votado la invasión. Trump violó sus propias leyes porque el escenario en su país le era desfavorable. El amigo de Epstein se encontraba en pleno escándalo de desclasificación de archivos y asediado por manifestaciones masivas por No King contra su autoritarismo, por lo que esta invasión reconduce la atención hacia afuera.
El intento de justificación quedó en manos de Marco Rubio, quien afirmó que la operación buscaba prevenir un “ataque inminente” de Venezuela contra fuerzas estadounidenses en el Mar Caribe. El argumento se derrumba por sí solo: fueron las fuerzas de EE. UU. las que violaron la soberanía marítima venezolana y de otros países, como Colombia, que también ha sido blanco de bombardeos.
Trump, por su parte, apeló a la imputación judicial presentada contra Maduro en 2020, solicitando su captura internacional. Incluso aceptando —hipotéticamente— esa imputación, la operación presenta una irregularidad adicional: Cilia Flores, esposa de Maduro, no figuraba en esa causa y aun así fue detenida y trasladada a Estados Unidos. La fiscal general Pam Bondi anunció posteriormente su imputación, pero al momento de la detención no existía orden de captura, lo que convierte el hecho en un secuestro liso y llano.
La violación sistemática del derecho internacional elimina el piso mínimo de garantías. Así como sucede con Israel que comete crímenes de guerra sin consecuencias, EEUU se despega de las leyes internacionales y las propias. Si no hay derecho, no hay reglas. Y donde no hay reglas, proliferan los abusos. No es que la ficción del derecho internacional diagramado por un puñado de potencias haya sido justa para el sur global, pero establecían un margen de comportamiento que ahora se vuelve incertidumbre dificultando aún más planificar acciones a futuro.
El derrocamiento y secuestro de Maduro se produjo con una rapidez llamativa. La invasión imperialista fue el golpe final contra un gobierno que, desde hace más de una década, venía desgastando la base social construida durante el chavismo. La concentración de poder, la persecución sistemática al movimiento obrero organizado y prácticas burocráticas que vulneraron derechos y garantías debilitaron seriamente la capacidad de resistencia popular y provocaron el éxodo de más de 7 millones de personas con lo que eso conlleva.
Los venezolanos exiliados se enfrentan a la separación familiar, la pobreza y la precarización de sus vidas en general. Es por eso que el festejo frente a la destitución de Maduro debe ser comprendido por la revancha que les significa y en términos de la polarización construida.
Esto no justifica, ni atenúa, ni relativiza la agresión imperialista. Pero sí permite entender algunas causas que posibilitaron el golpe. Cuando se vacía de contenido la democracia popular y se sustituye la organización de base por el control desde arriba, el terreno queda preparado para la intervención externa.
El verdadero interés del norte no está en la libertad que dicen instaurar, Venezuela alberga la mayor reserva petrolera del mundo y los petroleros que financian a Trump lo reclaman. El nuevo gobierno venezolano estará bajo el mando directo de Washington y cumplirá todas sus órdenes. Aún si Venezuela recupera la legalidad la burguesía organizará la entrega de los recursos en devolución del “favor”.
Toda la región corre peligro tras el ingreso militar. Tras el triunfo de la derecha en Bolivia, Chile y Argentina el triángulo del litio parece quedar a disposición. Además, Donald Trump se dedicó a amenazar a Cuba, México y Colombia. Lo que verdaderamente está en disputa es el derecho a la libre determinación del pueblo y el derecho a existir fuera del orden colonial.
Desde una posición marxista y clasista repudiamos absolutamente la invasión, exigimos la inmediata liberación de Nicolás Maduro y denunciamos el accionar criminal del imperialismo estadounidense. Al mismo tiempo, eso no implica cerrar filas acríticamente con un gobierno que ha vulnerado derechos, concentrado poder asesinando opositores y reprimido luchas obreras. Si hay alguien que debe juzgar su accionar, ese debe ser el pueblo venezolano.
La salida no puede ser ni el imperialismo ni la burocracia. La legitimidad histórica reside en el pueblo trabajador venezolano, en su derecho a organizarse, luchar por mejores condiciones de vida y construir una alternativa política propia, soberana y socialista.
