El enfrentamiento entre manifestantes y la Policía de Jujuy dejó ya un saldo de 50 heridos y 23 detenidos tras aprobar la reforma constitucional anti-protestas
La Policía hirió ya al menos a 50 personas y detuvo indiscriminadamente a 17 durante la represión a las movilizaciones en Jujuy. Los manifestantes protestan contra la reforma constitucional provincial que, en contra de la Constitución Nacional, criminaliza el derecho a la protesta.
El avance policial comenzó a las 11 de la mañana hacia las multitudes que congregaban a diversos sectores en la capital jujeña, frente a la Legislatura local. Efectivos de infantería arremetieron contra el pueblo levantado disparando balas de goma, piedrazos con gomera y gases lacrimógenos.
Uno de los manifestantes, Nelson Mamani del Movimiento Argentina Rebelde, fue herido de gravedad con una cápsula lacrimógena que le estalló en la cabeza. Actualmente se encuentra siendo atendido quirúrgicamente en el hospital Pablo Soria.
Entre los múltiples detenidos se encuentran docentes, pueblos indígenas e integrantes de la agrupación HIJOS-Jujuy. Algunos de ellos son testigos con protección en causas de lesa humanidad.
Los manifestantes protestan contra la reforma constitucional del gobierno jujeño que busca prohibir la protesta, como así también desconocer territorio de los pueblos originarios y avanzar en la privatización de los recursos naturales. El Gobierno Nacional, la vicepresidenta y organizaciones de DDHH tanto nacionales como internacionales se expresaron en contra de esta movida del gobernador Gerardo Morales.
El presidente Alberto Fernandez pidió el cese inmediato de la represión y calificó a la reforma de inconstitucional. Por su parte, Morales culpó al kirchnerismo y a la activista Milagro Sala de la violencia, ignorando el carácter multisectorial del reclamo. El precandidato a presidente Juan Grabois pidió al presidente la intervención de la provincia.
¿Qué dice la reforma?
Luego de la marcha atrás con los artículos referidos a los pueblos originarios y la posesión de tierras con recursos clave como el litio, el más controvertido es el artículo 67. El mismo, titulado “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica” establece que “el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros, y garantizar la libre circulación de las personas”, prohibiendo así los cortes.
Morales fue inflexivo en esta cuestión, afirmando que “la prohibición de los cortes de ruta es una convicción” y que “los grupos de izquierda tienen como metodología la protesta violenta”. Sin embargo, el derecho a la protesta se vincula directamente con derechos consagrados explícitamente por nuestra Constitución Nacional, que en su artículo 14 reconoce tanto el derecho de peticionar a las autoridades como a la libertad de expresión.
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